Trivial y vulgarmente se podría resumir la definición de muerte como 'la única cosa cierta en la vida'. Como tal y como símbolo de lo desconocido por excelencia, el hombre siempre se ha cuestionado sobre este fenómeno, experimentando angustia, miedo, a veces alivio donde la vida terrena no ofrece más que sufrimiento.

Alessandra Gottardello, Marco Tanini





Anuncio Durante siglos el muerte representó un tema que podría ser tratado, más allá de las disertaciones filosóficas ya presentes desde la antigüedad, solo por la Iglesia (de cualquier credo), por la teología, por la metafísica, mientras que solo se inicia a partir del siglo XVIII, en el empuje de la revolución Ilustración, que se origina a partir de una meditación más o menos sistemática y científica sobre el tema, precisamente en conjunción con el nacimiento y desarrollo de la disciplina tanatológica (Sozzi M., 2014).

A lo largo de la historia, como se verá, serán muchos los criterios que se sucederán para establecer la muerte y solo en la segunda mitad del siglo pasado se propondrá el todavía aceptado, al menos en nuestro país y no sin debate, el de la 'muerte cerebral total'. '.



Donación de órganos: a partir de la constatación de la muerte

Durante mucho tiempo, el sistema legal no sintió la necesidad de definir qué muerte ; mucho menos, la muerte se consideraba un momento que debía ser regulado, siendo parte de la evolución natural de la vida, al igual que el nacimiento (Pizzetti F.G., en De Ceglia F.P., 2014).

Sólo con el desarrollo, en particular, de las técnicas de reanimación, así como de las posibilidades que ofrece el trasplante, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, la ley tuvo que codificar una disciplina que regulara el momento en el que se podía considerar que se ha producido la muerte.

De hecho, entendido que la vida del individuo sigue siendo el bien principal y en favor del cual se deben hacer todos los esfuerzos para salvarlo y preservarlo, es necesario identificar el momento en el que la existencia de un sujeto puede considerarse cesada.



En la evolución del derecho se puede trazar un largo camino en el que se han seguido diversos criterios a partir de los cuales podría producirse la declaración de fallecimiento de un particular: desde la L. 644 de 1975 hasta la L. 578 de 1993, pasando por la cuestión de la Ley. 91 de 1999 sobre trasplantes.

Establecimiento de la muerte antes y después de la Ley 578/1993

La primera legislación que debe mencionarse aquí es el R.D. 11 de enero de 1891, n. 42, que, en los artículos 9 a 12, prevé un tiempo mínimo necesario de 24 horas para la observación desde el momento de la presunta muerte antes de poder realizar una autopsia, embalsamamiento, inhumación o incineración del cuerpo, salvo en los casos en que el mismo plazo deba ser prolongado hasta un máximo de 48 horas en muertes súbitas o aparentes, o, por el contrario, puede reducirse a menos de 24 (en muertes por enfermedades contagiosas, en presencia de un cuerpo con signos evidentes de descomposición o 'por otras razones especiales' ).

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De la muy breve reseña histórica relativa a la evolución de la normativa policial mortuoria y las disposiciones sobre cómo establecer la muerte de un individuo, es evidente que los actos antes mencionados tenían como finalidad principal equilibrar las necesidades de evitar el entierro in vivo, por un lado, y las de salud e higiene públicas, por otro.

De hecho, además de los períodos de observación mencionados anteriormente, no se requiere un examen forense para determinar el momento de la muerte. El conocimiento tanatológico es todavía relativamente atrasado o escaso, así como las técnicas de reanimación aún no se han desarrollado por completo.

Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1950, la primera ley de trasplantes introdujo el art. 4 el término específico 'constatación de la realidad de la muerte', verificación necesaria para poder, en un momento posterior, proceder a la extracción de órganos para ser donados a otros sujetos.

Esta evaluación, que deberá realizarse de acuerdo con los criterios de la semiótica médico-forense, de conformidad con el Decreto Ministerial. El 7 de noviembre de 1961 consta de rastreado electrocardiotanatodiagnóstico , un método en el momento considerado más sensible a los criterios de seguridad del diagnóstico precoz de muerte y practicidad de la aplicación. La ejecución de esta ruta fue asignada a personal médico calificado del sector.

Aquí, por tanto, se introduce por primera vez, fuera de las leyes policiales mortuorias, sin embargo, un primer método para determinar la muerte.

Sin embargo, es necesario precisar que, como se verá un poco más adelante, para hacer utilizables los órganos potencialmente extraíbles de aquellos individuos que, ahora, son declarados muertos sin que hayan expirado los períodos más o menos largos de observación, el criterio de 'muerte cardíaca ”queda inutilizable, ya que la ausencia de perfusión durante el período correspondiente al período de observación haría imposible la intervención.

Donación de órganos: el D.M. Agosto de 1969 denota más atención a los trasplantes

Unos años más tarde, con el D.M. El 11 de agosto de 1969, junto con el electrocardiotanatodiagnóstico, que sigue siendo el principal método a adoptar, se introduce uno más, limitado a los casos de 'sujetos en reanimación por lesiones cerebrales primarias', para lo cual el trazo electroencefalográfico debe realizarse junto con de semióticos neurológicos clínicos e instrumentales determinados cada dos años por el Ministerio de Salud con el consentimiento del Consejo Superior de Salud.

La ratio legis es clara: además de lograr la certeza de la muerte del sujeto, queríamos preservar y potenciar la posibilidad de proceder con trasplantes que, precisamente a partir de esos años, cobrarán un papel cada vez más importante e incidental en la medicina moderna.

Esta evaluación será realizada por una junta compuesta por un médico forense, un resucitador anestesista y un neurólogo experto en electroencefalografía. Es importante precisar que los citados médicos que integran la junta examinadora no deben formar parte del equipo que procederá, en caso de ser necesario, al trasplante.

Por tanto, el modelo de valoración electroencefalográfica aparece como la metodología más adecuada para las técnicas y necesidades del trasplante, ya que establecer que la muerte irreversible es la que se produce cuando las funciones cerebrales y no cardiocirculatorias dejan de resolver una cuestión básica. no solo legal.

De hecho, en la hipótesis de aceptación de la definición de muerte como interrupción de las funciones cardiocirculatorias, el acto de proceder a la explantación del corazón sólo podría realizarse cuando el órgano está libre de latidos; pero, en este caso, fisiológicamente, también estaría desprovisto de flujo sanguíneo, en probable anoxia, condiciones que comprometerían el éxito de la cirugía. Por otro lado, para evitar el riesgo de perder la disponibilidad del órgano a trasplantar, se debe tomar una muestra cuando aún late, es decir, cuando el donante técnicamente aún está vivo.

En otras palabras, si la muerte fuera diagnosticable solo a través de la detección del cese de las funciones cardiocirculatorias, la extirpación del órgano cardíaco, como de todos los órganos aún en funcionamiento, habría implicado la violación, por parte de los médicos, de las disposiciones de la ley. Arte. 5 del Código Civil italiano que prohíbe todos los actos de disposición del propio cuerpo que causen un daño permanente a la integridad psicofísica del sujeto, así como su exposición al derecho penal, civil y ético por una hipótesis de asesinato (Puccini C., 2003).

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Por tanto, se entiende que no era posible casar tal tesis, a menos que se toparan con serios problemas legales, bioéticos y deontológicos, que, en cambio, serían desactivados en el momento en que se considera la muerte como el cese de las funciones cerebrales.

Así, paradójicamente, las mismas técnicas de reanimación que entre tanto se fueron perfeccionando y haciendo cada vez más posible 'resucitar' a los afectados por el bloqueo cardiorrespiratorio, representando así un potencial tanto como un paracaídas de hormigón, al tiempo que se arriesgaba a constituir un obstáculo insuperable para el trasplantes: mientras el sujeto se mantuviera con vida mediante la ayuda de respiradores, nunca podría ser considerado legalmente muerto y, por lo tanto, nunca podría postularse como donante de órganos.

La solución fue revelada gracias al llamado 'informe Harvard', cuyas conclusiones serán aceptadas por el Legislador en los años siguientes (Pizzetti F.G., en De Ceglia F.P., 2014).

Por tanto, se puede afirmar que los nuevos paradigmas establecidos por las numerosas intervenciones legislativas y reglamentarias que han tenido lugar en el espacio de algunos años se han introducido no tanto o no solo por una necesidad sentida de llegar a una determinación precisa de la muerte en respuesta a necesidades 'morales'. sino, más bien, para favorecer el desarrollo de la muy noble disciplina de los trasplantes, también a raíz del hito histórico marcado por el primer trasplante de corazón realizado en Sudáfrica en 1968 por el Dr. Christiann Neethling Barnard.

La necesidad de elaborar una legislación que permitiera, por un lado, desde el punto de vista médico-científico, “explotar” en el mejor de los casos los órganos potenciales disponibles para ser reimplantados en sujetos que los necesitaban, se había tornado urgente; por otro, legalmente hablando, fijar unos criterios determinados y determinados para evitar posibles consecuencias de las responsabilidades asistenciales en diversas capacidades al momento de tomar órganos vitales cuando, en realidad, el donante podría considerarse aún vivo.

Muerte cerebral: el informe de Harvard y el advenimiento de la Ley 578/1993

Anuncio Pero es solo con la Ley 578/1993 que se aclara, en el art. 1, que 'la muerte se identifica con el cese irreversible de todas las funciones cerebrales'.

Incluso si en el arte. 2 se refiere a la muerte derivada de un paro cardíaco, se trata únicamente de una 'especie' de muerte, debiendo proceder con los métodos de valoración previstos por la ley. Así, se puede deducir, si el paro cardíaco y la consecuente interrupción de la función circulatoria y respiratoria no produce el cese de las funciones cerebrales, no es posible declarar la muerte del sujeto.

Aquí, por tanto, ahora el único criterio de valoración es el de Muerte cerebral .

Por lo demás, la ley en cuestión sigue a la de 1975, delegando claramente en la fuente reguladora los métodos clínico-instrumentales de determinación de la muerte. Esta delegación es importante para despejar las dudas, que surgían anteriormente, de si el tema en cuestión se caracterizaba por una reserva jurídica absoluta o relativa: ahora es indiscutible que el Legislador establece las líneas fundamentales de la disciplina, mientras que los actos normativos abordarán la de detalle (lo ocurrido antes de la Ley 644/1975).

Por tanto, el D.M. del 11 de abril de 2008, que recuerda en gran medida (pero lo reemplaza formalmente) el del 22 de agosto de 1994, n. 582, dictado inmediatamente después de la ley en cuestión, define en detalle los requisitos clínico-instrumentales para determinar la muerte en sujetos que sufren lesiones cerebrales y en reanimación y establece un período de observación durante el cual la situación requerida debe persistir igual a seis horas. Al inicio y al final de este período, la detección de la simultaneidad de las condiciones requeridas debe ser realizada por una facultad de medicina, donde hasta la llegada del Decreto Ministerial en palabra se preveía una tercera.

Esta ley y este decreto representan hoy el único referente en materia de constatación de la muerte, sin dejar, sin embargo, de suscitar dudas y críticas también en relación con la jurisprudencia que, en verdad, ha tenido pocas oportunidades de exteriorizar su interpretación de la disposición legislativa, a pesar de los numerosos problemas que han surgido.

La diferencia objetiva entre muerte biológica y muerte clínica constituye, por tanto, la discriminación a partir de la cual el Legislador tiene la necesidad de establecer criterios frente a los cuales, aunque todavía no se ha alcanzado la primera, es posible declarar la segunda. ; criterios que deben responder, como ya hemos visto, a las necesidades de irreversibilidad, certeza, singularidad, integridad y actualidad.

Donación de órganos y muerte cerebral

La dificultad de percibir muerta a una persona cuyo corazón sigue latiendo es el elemento que determina gran parte del número de objeciones a la donación de órganos.

En 2016, la tasa de oposición se situó en el 32,8%, mientras que en 2017 se redujo al 28,7% con importantes diferencias regionales.

Donación de órganos y percepción de muerte cerebral img1

vida útil de la esclerosis múltiple

Incidencia de la tasa de oposición en Italia 2016/2017

Es importante subrayar que la muerte como tal consta de una única definición, pero esta se puede determinar con dos métodos diferentes: por un lado el método directo en el que se observa la destrucción total e irreversible del cerebro, por otro indirecto en el que se supone que esta destrucción se produjo tras la verificación del cese de la actividad cardíaca.

la hipótesis de la elección individual del criterio

Considerando todas las innumerables variables que presenta cada caso individual, se puede decir que el primer acto post-mortem es la constatación de la muerte, de la cual se deriva su constatación y, posteriormente, la declaración. Cada uno de ellos tiene una finalidad primordial, que va desde la jurídica y administrativa hasta la meramente sanitaria, con posibilidad de traspaso al centro médico-jurídico si existe un delito o sospecha de este tipo.

Pero si desde el punto de vista médico-legal o tanatológico los temas difíciles son casos aislados, se puede decir que los verdaderos problemas están aguas arriba, es decir, en la calificación e identificación del momento en el que una persona puede ser declarada muerta.

Hemos visto que la ley, en este sentido, tenía que elegir qué criterios consideraba más válidos y seguros para declarar muerta a una persona, pero no son los únicos aceptables. La misma sentencia del Tribunal Constitucional, de la que se ha dado cuenta, ofrece el grado de multiplicidad de opciones que se pueden realizar al respecto, recordando, al final de la parte contemplada en derecho, el concepto de 'tronco cerebral', el cese irreversible de las funciones de las que representaría el momento de la muerte.

De hecho, el tronco encefálico constituye sólo una de las funciones del cerebro, o mejor dicho, su destrucción irreversible es la base de uno de los conceptos de muerte que aún hoy se oponen y contribuyen a complicar el cuadro de la materia. Paralelamente, recordamos la concepción según la cual la muerte se identifica con el cese de todas las actividades cerebrales y aquello que requiere la destrucción de la corteza cerebral, que se cree que es la sede de las funciones que caracterizan al individuo (Cozzolino U . e Izzo F., 2012).

Más allá de estas dudas, también cabe preguntarse si el del Tribunal Constitucional, donde habla de 'tronco cerebral', debe calificarse de error o de intento consciente de intentar introducir en el ordenamiento jurídico un concepto diferente al de 'muerte cerebral total' aceptado del Legislador de 1993, y se abren nuevas reflexiones de iure condendo a la luz de la conciliación de varios intereses que, de ser necesario, deben tomarse en consideración en caso de que se desee modificar los criterios para definir la muerte.

En efecto, por un lado está el bien primario y esencial de la vida, que debe ser salvaguardado y garantizado siempre y en la medida de lo posible también en virtud de la disposición constitucional; por otro lado, la ciencia de los trasplantes, que no se puede limitar ni implementar sin control.

Así, se propuso, siguiendo los ejemplos de Nueva Jersey y Japón, permitir que todos decidan, quizás de forma similar a lo previsto por las disposiciones de tratamiento anticipado (referidas en la Ley nº 219 de 22 de diciembre de 2017, 'Normas en materia de consentimiento informado y disposiciones sobre procesamiento anticipado), dentro del rango de posibilidades permitido por la ley, con qué criterios debe declararse como propio muerte , ya sea por el cese de funciones cerebrales o cardiorrespiratorias.

Se trata de un escenario sugerente, pero difícil de implementar si solo tenemos en cuenta la dificultad que muchos sujetos podrían encontrar para comprender la compleja temática y, más arriba, la necesidad de que los diferentes criterios de muerte dentro de los cuales elegir, en cualquier caso, ya sean aceptados en el ordenamiento jurídico. ya que no es concebible un 'tratamiento de hágalo usted mismo' en el momento final de la existencia humana.